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El fiscal general de Mar del Plata suma demandas por delitos de la dictadura

Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otros organismos de derechos humanos y sindicales anunciaron un nuevo pedido de juicio político al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por su participación en delitos de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) a lo largo de la dictadura. Estos nuevos hechos incluyen la desaparición forzada del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina y el espionaje, infiltración y prosecución de asilados chilenos.

Durante la conferencia efectuada en la sede porteña de SerPaJ, Roberto Cipriano, secretario de la CPM especificó los casos: “Uno de ellos en el año setenta y nueve, la desaparición de Ramírez Medina, y el otro caso, que mismo lo reconoce, en la primer demanda que le hicimos hace un par de años, que a lo largo de ese tiempo como agente de la DIPBA San Martín se había dedicado a censar ciudadano chilenos en el marco del enfrentamiento de Argentina con Chile. En los documentos obrantes está claro que ese censo realmente fueron labores de espionaje sobre  asilados chilenos, un conjunto que se había organizado en 3 de Febrero, y esas labores produjeron la detención de múltiples de esos ellos”

“Ramírez Medina, detenido en su casa en Villa Pineral y llevado a la Comisaria 1° 3 de Febrero, que fue un CCDT, treinta días después proseguía detenido en la comisaria y con informes de Fernández Garello, y poco más tarde desaparece, está desaparecido hasta el momento, figura en la CONADEP, tenía 3 chicos que se quedan solos por el hecho de que su compañera había fallecido”, completó Cipriano.

Luego fue trasladado a la comisaría 1ª de 3 de Febrero y, ese día, la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de la ciudad de Buenos Aires (DIPPBA) realizó un informe sobre su militancia en el Partido Marxista de Paraguay desde información recogida tras el operativo. Ese memorando de inteligencia está firmado por el sello y firma del comisario Federico Héctor Capurro, 2° Jefe al cargo de la Delegación DIPPBA San Martín, y el entonces oficial asistente Fabián Uriel Fernández Garello.

Por su parte, el premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel insistió: “Reclamamos al Procurador y a la Corte provincial, como de este modo asimismo a la Legislatura, la inmediata separación del cargo de Fernández Garello”

“Sobre la impunidad no es posible edificar democracia, hay que proseguir estudiando y solicitar que sea juzgado como corresponde”.

El pedido de juicio político se fomenta tras el descubrimiento de nuevas pruebas del fichero de la DIPPBA, acervo reportaje que la CPM tiene bajo custodia desde el año dos mil uno.

En el segundo hecho ocurrió entre mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos ochenta y uno, la delegación San Martín de la DIPPBA reguló y ejecutó acciones de espionaje y también infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos. Estas labores de inteligencia fueron reconocidas por el propio fiscal Fernández Garello en sus declaraciones frente a la justicia, minimizándolas como un simple censo de ciudadanos extranjeros.

“Mi labor asignada en aquella ocasión ha sido el relevamiento de ciudadanos chilenos. Llegué a relevar en torno a 5 mil ciudadanos de aquella nacionalidad sin importar un mínimo filiación alguna y por la sola circunstancia del enfrentamiento internacional en trance”, había declarado el presente Fiscal General. No obstante, los documentos de la DIPPBA presentados a la justicia revelan el auténtico motivo de esa intervención: un meticuloso trabajo de inteligencia, seguimiento y prosecución político-ideológico de ciudadanos chilenos. Fernández Garello declaró aquella labor por el hecho de que no tenía otra opción: en su legajo de empleado policial se dejó perseverancia de la distinción que le dieron por ese trabajo a pedido de su jefe, el comisario Bustos, condenado entonces por crímenes de lesa humanidad.

Consultado por Canal Abierto, Cipriano aclaró: “Son hechos diferentes, previamente se habían denunciado el rapto y las torturas de 3 componentes y el día de hoy lo que se halló como documentación, que es prueba muy concluyentes por el hecho de que es prueba reportaje realizad por la propia policía y por el propio Fernández Garello, es sobre la desaparición forzada y espionaje”

“Es un caso de forma profunda político, por el hecho de que es una persona con mucho poder hoy día, y de ahí que hace falta una resolución política realmente fuerte y resuelta por la parte del Poder Legislativo de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, asimismo de la justicia provincial, y de ahí que demandamos a esos poderes que lo desplacen de su función y también estudien este caso. Ya hubo un pedido de juicio que fue archivado por el Frente Renovador y el PRO, mas con estos documentos brotan más elementos para insistir con el pedido de juicio político”.

Otros testimonios de organizaciones firmantes de la denuncia:

  • José Schulman (Liga Argentina por los Derechos del Hombre): “La Liga nació en mil novecientos treinta y siete, en la solidaridad con la república de España en lucha contra el fascismo, esto es una parte de nuestra historia,  y esta cultura que fue tan estigmatizada, que aparezca como una cultura de resistentes contra la dictadura es fundamental, a fin de que se cuente la verdad y se sepa quiénes fueron estos compañeros perseguidos”
  • Paula Litvacky (CELS): “El Estado nacional y provincial habrían de estar acompañando, no alcanza únicamente con no interferir en los juicios, esto es una parte de la discusión de de qué forma se edifica una sociedad democrática, la depuración del Estado no debe finalizar jamás, en la medida que uno identifica una persona que fue una parte del engranaje del terrorismo de Estado hay que discutir su apartamiento”.
  • Pablo Abramovich (Asociación Judicial Bonaerense): “Somos firmantes de la primera demanda, no hubiese posible el genocidio sin una complicidad muy fuerte del poder judicial, afirmamos esto no únicamente por el hecho de que hubo cientos de jueces que por miedo o bien por convicción desechaban habeas corpus que solicitaban familiares y organizaciones, sino más bien asimismo pues denunciamos que hubo una acordada de la Suprema Corte de la Provincia (que recién se derogó en dos mil seis) que le aconsejaba a las fuerza no solicitar informes  a las reparticiones de la FFAA con relación al paradero de los desaparecidos, esto es que no eran casos puntuales sino más bien una estructura del poder judicial al servicio del terrorismo de Estado.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció estos 2 hechos y se presentó como demandante en la causa que gestiona en el Juzgado en lo delincuente y correccional dos de San Martín y que estudia los crímenes cometidos en la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. En esa causa, el presente fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otros miembros de la DIPPBA—San Martín ya están denunciados por la participación la detención de 3 componentes marxistas en mil novecientos ochenta y uno y apremios ilegales contra otro, en mil novecientos ochenta y dos.

“Es un caso de forma profunda político, pues es una persona con mucho poder hoy día, y de ahí que hace falta una resolución política realmente fuerte y resuelta por la parte del Poder Legislativo de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, asimismo de la justicia provincial, y de ahí que demandamos a esos poderes que lo desplacen de su función y también estudien este caso”.

La demanda contra Fernández Garello toma particular relevancia en el contexto actual. Tal y como se desprende de la causa D’Alessio, que está estudiando el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, el espionaje ilegal prosigue operando en democracia y pone en alerta los cimientos del Estado de derecho.

Condenar las acciones de espionaje efectuadas en tiempos de dictadura y a sus responsables resulta esencial para poder dar un discute serio y profundo sobre el rol de la inteligencia en nuestros días. Mientras que la condena de los hechos del pasado no sea ejemplar, la sociedad argentina vive en un permanente peligro de debilitamiento por el hecho de que se favorecen condiciones a fin de que la inteligencia ilegal prolifere y se consolide como un auténtico aparato paralelo que mina el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.



El juicio político fue pedido, aparte de la CPM, por los próximos organismos: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Reunión Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Comisión de familiares amigos y ex- compañeros de Ana María Martínez, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Mar del Plata, Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Federación Judicial Argentina (FJA), Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo—Línea Creadora. Asimismo acompañan el pedido miembros del Club Atlético Deportivo Paraguayo y los hermanos Boris y Dimitrov Casanova Chávez, una de las familias de asilados chilenos que fueron perseguidas por la DIPPBA y que integraban en aquel instante el club Unión Chile Argentina.

*Con información de Caminar Agencia

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